|
AFP
En la imagen, manifestantes recrean en Washington la cárcel de Guantánamo para exigir su cierre.
|
Se ha dicho que en España, como en la mayoría de los países latinoamericanos, regían los principios de una "república bananera" a lo largo de casi dos siglos, debido a sus constantes regímenes militares. Quienes más nos ponían en evidencia eran precisamente los que provenían de una tradición constitucional angloamericana de secular hegemonía del poder civil frente al poder militar.
Ejemplo de esta tradición civil era EE.UU. y su famosa sentencia de la Corte Suprema Ex parte Milligan de 1865 que rechazó los tribunales militares, incluso durante la Guerra Civil, para juzgar a los ciudadanos siempre que estuviesen los tribunales ordinarios civiles abiertos. Posteriormente, la legendaria Ley de policía de 1876, denominada Posse Comitatus Act (partida de la comunidad, a las órdenes del sheriff), prohibía a los militares ejercer funciones de policía y formar parte de estos cuerpos de policía, como un ciudadano más.
En cambio en la tradición latinoamericana y española, incluso durante los regímenes constitucionales, la policía estaba constantemente militarizada o sus funciones las llevaban a cabo directamente los militares. Así mismo, los tribunales militares se inmiscuían en todo tipo de conflictos -laborales, políticos, contrabando- y de ellos derivaban desproporcionadas condenas por delitos equiparados a la sedición o rebelión militar, sin las garantías judiciales mínimas.
Después de dos siglos, el mundo iberoamericano ha comprobado que recurrir a los métodos de guerra y a los militares para resolver conflictos internos o problemas estrictamente de delincuencia (aunque sean de terrorismo), lo único que ha hecho es agravar la situación y polarizar a la sociedad, deslegitimando instituciones básicas del Estado que deben estar separadas y que son muy diferentes: la justicia civil ordinaria, la policía profesional civil y los militares.
Después del 11 de septiembre, el gobierno Bush, en lugar de responder con las instituciones tradicionales de los regímenes democráticos, ha recurrido con todo su arsenal bélico, tanto verbal como material.
Quizás ello ha sido para ocultar su fracaso de no haber prevenido dicho atentado. Una de las causas era clara. Tenían -y tienen- unos cuerpos de policía públicos anoréxicos (900.000 policías) frente al desorbitado número de vigilantes de seguridad privada (2 millones). Ello explica que sean incapaces de desplegar en el mundo un sistema de cooperación policial internacional. Porque si ya le faltan policías en el interior de su propio país, echan más de menos el trabajo exterior. Ciertamente, apenas unos cientos de policía están trabajando en cooperación con las policías de España, Marruecos, Pakistán, etc. Y los servicios de información, como la CIA, no son los adecuados para interrelacionarse cotidianamente con las policías que tienen información auténtica por estar pisando la calle en el barrio más perdido de Islamabad, Tetuan o Barcelona.
Estas carencias policiales se ven en la DEA (Drug Enforcement Agency). Aunque sea una policía muy famosa por su nombre, apenas la componen diez mil agentes que trabajan en el interior y sobretodo el exterior de los EE.UU. Sin embargo, para luchar contra el terrorismo internacional, EE.UU. no dispone ni siquiera de un ínfimo número de agentes de policía desplegados para la cooperación policial en el exterior.
En cambio, este vacío policial internacional lo intentan resolver con el despliegue por el mundo de varios cientos de miles de militares, que obviamente no es la profesión preparada y adecuada para prevenir y perseguir la delincuencia sea terrorista o narcotráficante, entre otras.
Es cierto que España tiene un tercio más de agentes de policía que EE.UU. (en proporción a su población). Es decir, España tiene 1 policía cada 200 hab. y, en cambio, EE.UU. tiene 1 por cada 350 hab. A pesar de ello, el gobierno de Aznar tampoco supo prevenir el atentado del 11 de marzo de 2004 debido a la obcecación de que la amenaza terrorista provenía únicamente de ETA. Y lo hizo para intentar eludir sus responsabilidades políticas por su implicación en la guerra de Irak, a pesar de la abrumadora oposición activa de la mayoría de los españoles.
La estrategia de un grupúsculo terrorista poco arraigado y con ínfimo apoyo en la población (como el de Al-qaeda en Irak) necesita provocar una intervención militar y prácticas de guerra desproporcionadas, para que al final se produzcan daños "colaterales" a toda la población civil y conseguir un movimiento de masa de rechazo a esta intervención militar.
Recientemente el propio Bush ha dicho que la proclama que hizo de "Bin Laden: Vivo o Muerto" no sólo fue desautorizada por su propia esposa en aquel momento, sino que fue una táctica errónea. También un experimentado directivo de la CIA ha señalado que la estrategia de guerra para combatir el terrorismo islamista ha significado mezclar a los 1.200 millones de musulmanes en el mundo en una cuestión de delincuencia terrorista que afecta a unos pocos. Además, EE.UU. con esta polarización simplista, no acaba de reconocer y esconde que las principales víctimas de este terrorismo jihadista han sido también los propios ciudadanos musulmanes (en Kenia, Marruecos, Indonesia, Argelia o incluso en España...)
Esta política de guerra contra el terrorismo queda perfectamente expresada en el erróneo modelo de Guantánamo donde no se han cumplido ni siquiera las leyes de la guerra, como la Convención de Ginebra. El gobierno Bush ha alegado que deben hacerse juicios militares para "la protección de la información clasificada, la seguridad física de los participantes y los testigos, la protección de las fuentes y métodos proporcionados por la inteligencia y la policía, y otros de interés para la seguridad nacional". España ha demostrado con el juicio del 11M (investigado por la policía y juzgado por los tribunales civiles) que todo ello puede garantizarse a través de la justicia ordinaria y las garantías constitucionales. Al final, ello ha legitimado y dado mayor fuerza para luchar contra el terrorismo internacional, a la policía, los fiscales y los jueces españoles.
El problema es que la lucha contra el terrorismo internacional sólo puede hacerse eficazmente, intensificando la cooperación entre policías, fiscales y jueces de todo el mundo, al estilo del trabajo bien conocido del juez Garzón. El problema en que se encuentran estos, y que debilita esta lucha contra el terrorismo, es que hoy en EE.UU. no son los jueces ni los fiscales civiles ordinarios los que tienen las competencias ya que éstas están atribuidas de forma primordial, hasta ahora, a los tribunales militares, incluso en las funciones de policía e inteligencia.
De hecho, la Corte Suprema estadounidense va a quedar en la historia como la institución más digna al dictar las sentencias de Guantánamo (que empezaron con Rasul v. Bush y Hamdi v. Rumsfield, ambas de julio de 2004; y Hamdan v. Rumsfield, de julio de 2006). La reciente sentencia de la Corte Suprema de EE.UU., Boumediene v. Bush, de junio de 2008, ha reconocido el derecho de los prisioneros de Guantánamo a interponer un recurso de habeas corpus para que un juez civil federal pueda conocer de la legalidad o ilegalidad de la detención y asegurar las garantías de un debido proceso legal.
Ciertamente, con dichos pronunciamientos ha hecho prevalecer los tradicionales principios constitucionales estadounidenses de libertad y de los derechos de detención y juicio con todas las garantías.
La administración Bush alegaba que por ser Guantánamo una base naval en Cuba, no era un territorio de soberanía de los EE.UU. y, por tanto, los jueces civiles federales no podían inmiscuirse y controlar las actividades de la administración estadounidense en este territorio extranjero. Por el contrario, la Corte Suprema ha proclamado que aunque sea un territorio extranjero, siempre que la administración norteamericana tenga "jurisdicción y control", sus actuaciones y detenciones estarán sometidas al control y las garantías constitucionales de los jueces civiles federales norteamericanos. Así ha prevalecido el viejo principio liberal inglés de que la Carta Magna "follows the flag", es decir, que los principios constitucionales y el control judicial "siguen a la bandera" y controlan las actuaciones del ejército que actúa en cualquier parte del mundo.
Todo este sistema de control proclamado por la Corte Suprema no es más que la reimplantación del principio constitucional norteamericano más genuino: checks and balances. Este significa que todo poder debe estar frenado y controlado en un sistema de equilibrio de los poderes: poder civil frente al militar, poder policial frente al judicial, poder legislativo y judicial frente al ejecutivo, entre otros. Pero además de ser el principio constitucional y democrático por excelencia en los EE.UU., también se ha demostrado que es el principio más eficaz y eficiente. Ciertamente, a través de este control mutuo, por ejemplo, se desarrolla y aguza la inteligencia de los cuerpos de policía que quedan controlados y que no pueden actuar arbitrariamente y sin pruebas de policía científica como ha ocurrido en Guantánamo.
A pesar de haber tenido un poder autoritario y militar desmesurado y descontrolado, España y Latinoamérica ahora están enseñando a EE.UU. -con el juicio del 11 M- que la manera más eficaz de luchar contra el terrorismo es mantener a la policía y a los militares controlados por el poder judicial ordinario que exige pruebas irrefutables e investigaciones para perseguir y condenar eficazmente a cualquier criminal. Y es que si los objetivos proclamados por el gobierno Bush eran de implantar la libertad y democracia en el mundo, Guantánamo no ha representado precisamente predicar con el ejemplo, sino todo el contrario. Como decía el Presidente español, Azaña, en los años treinta, "suprimir la libertad, cualquiera que sea el motivo, la ocasión, y la manera de suprimirla, favorece a los enemigos de la libertad".
* Manuel Ballbé es catedrático de Derecho Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de Orden Público y Militarismo en la España constitucional, Alianza Ed., 1985.
Terra Magazine