Las cámaras ocultas violan el derecho a la privacidad

Rose Mary de Souza/Especial Postes con cámaras en Campinas, San Pablo.

Cláudio Lembo
San Pablo, Brasil

Hace cerca de ochocientos años surgían revueltas y emergían movimientos de gran relevancia para cada persona en particular. Tuvieron lugar en Hungría, Italia, España e Inglaterra. Los burgos y los reinos estaban en ebullición.

Los señores feudales y los reyes concedían a sus súbditos, por propia voluntad o forzados por los acontecimientos, los primeros enunciados de diversos derechos humanos.

Entre otros derechos, en las manifestaciones, los súbditos pedían (y los señores les concedieron) la protección a su intimidad. El derecho de cada persona al recogimiento en un espacio privado sin ser perturbado.

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Mucho tiempo después se avanzó hacia el derecho a la privacidad. El límite de esta garantía se extendía más allá de la mera intimidad. La imagen de la persona pasó a ser protegida también en lugares públicos.

Los atributos individuales no pueden ser captados y utilizados aleatoriamente por terceros. Cada persona es titular de su imagen y de sus hábitos. Estos valores no pueden sufrir restricciones.

En el mundo contemporáneo, en la comparación entre derechos en detrimento de la privacidad, se otorgó mayor importancia a la seguridad. Reflejo inmediato de los atentados terroristas y de la delincuencia indiscriminada.

En consecuencia, sin previsiones legales, se instalaron en todos los espacios privados cámaras de captación de imágenes. Nadie está libre de ser atrapado por las cámaras siquiera en el más recóndito de los ambientes: pasillos de hoteles, entradas de moteles, en el interior de los templos, en las aulas, lugares bailables, en el acceso a edificios residenciales y, progresivamente, en los lugares más inesperados.

Es una cuestión inevitable, dirán los conformistas. Pero no es tan así. La epidemia es avasallante. Tomará proporciones propias de una peste negra medieval. Todos quedarán expuestos. Nadie estará protegido.

Ahora se llegó al espacio público. Los prefectos de las ciudades grandes o medianas pasaron a instalar cámaras en todas las calles comerciales. Todos los movimientos de los transeúntes quedan registrados.

Perfecto. Buscan otorgar seguridad a sus municipios. Sin embargo, las escenas son tomadas a escondidas. Las personas no lo saben. Se convierten en actores de video de mala calidad sin autorización, ni siquiera tácita.

He ahí la cuestión. ¿Pueden los particulares o los empleados públicos captar imágenes sin previo aviso a las personas filmadas? No. Esta es la respuesta.

Siempre que un lugar esté sometido a un sistema de videovigilancia, existe la obligación de comunicar el hecho al usuario del espacio. Tanto autoridades públicas como funcionarios privados tienen esta obligación.

En la vía pública deben fijarse carteles que indiquen esta condición donde empiezan los espacios vigilados. Idéntica actitud deben tomar los funcionarios de espacios privados abiertos al público.

Una verdadera civilización exige preservación de la integridad de los valores comunes. Captar imágenes sin conocimiento de la ciudadanía viola el derecho a la privacidad aunque la persona se encuentre en un lugar público.

Es inadmisible que se cometan abusos bajo el pretexto de combatir la delincuencia. Esta última debe siempre (y con mucho empeño) ser circunscripta, pero resguardando los derechos individuales.

Toda vez que se violan los valores de la ciudadanía bajo el pretexto de contener el delito, se agrede el estado de derecho. Estado que justamente ejerce servicios de filmación disimulados.

Con la escalada actual, en breve se instalarán cámaras en el interior de las moradas. La vida íntima de las personas sufrirá una exposición irreparable. Nada quedará intacto. Las conquistas de muchos siglos tiradas por la borda.

Para muchos, estas disquisiciones parecen románticas. Pero no lo son. La preocupación está dotada de profundo realismo. El miedo es mal consejero. Es fundamental reprimir la delincuencia.

Aún así no se puede penalizar a toda la ciudadanía con ese objetivo. Ésta debe ser informada siempre acerca de los cercenamientos a que es sometida. Sólo así se preserva el bien común.

Caso contrario, se volverá a los tiempos anteriores a las proclamas otorgadas por reyes y señores feudales. El sometimiento de la ciudadanía al poder será absoluta. Con un agravante: los reyes y señores feudales eran personas. El Estado es impersonal.

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