El asesinato de Iván Ríos, una patada a la legalidad

AFP En el centro, Pedro Pablo Montoya -conocido como "Rojas"- es escoltado por fuerzas de seguridad colombianas tras entregarse declarando haber asesinado a Marcos Jesús Muñoz, alias "Iván Ríos".

Antonio Morales Riveira
Bogotá, Colombia

Hace una semana un nuevo hecho de violencia sacudió a Colombia, para algunos positivamente y para otros de manera negativa. Iván Ríos, otro miembro del secretariado de las Farc, fue asesinado de un tiro de gracia por parte de un guerrillero que se encargaba justamente de su seguridad. Pablo Montoya, alias "Rojas", no sólo mató a Ríos y a su novia, sino que le cortó la mano derecha y con ella se presentó ante el ejército de Colombia para que este confirmara a través de la información deca-dactilar la identidad del comandante muerto. Efectivamente, se trataba de Ríos, cuyo cuerpo fue luego recuperado por los militares.

Sus argumentos eran varios: que su vida corría peligro, que la presión militar era irresistible, pero era claramente otro el motivo que lo llevó a cometer el asesinato de su jefe: cobrar un recompensa de dos millones y medio de dólares que ofrecía el gobierno de Álvaro Uribe por información para capturar a los jefes de las Farc. Teóricamente, por información para capturarlo, pero en la práctica el traidor a las Farc y el hombre de bien de la patria uribista hizo "justicia" por mano propia y entregó una mano y dos cadáveres ante el aplauso generalizado del gobierno y de quienes lo apoyan.

El solo hecho de matar a su jefe, según las leyes colombianas y las del mundo entero, es un asesinato. Pero hacerlo para cobrar una recompensa es un crimen planeado y ejecutado a sangre fría, así a mucha gente en Colombia le parezca bien y pocos se preocupen por la muerte de Ríos, cuyo prontuario criminal era inmenso. Ahora resulta que la Fiscalía colombiana considera que no debe enjuiciar a "Rojas" pues según el Fiscal Mario Iguarán cometió el crimen en un momento de desesperación y ello lo justifica.

Pero más allá de esta nueva "jurisprudencia" acomodada a los deseos de la Presidencia de la República, que avala la impunidad, lo más grave del asunto y lo que tiene enfrascado a los juristas y a la opinión pública es si se debe pagar la recompensa, como parece que el gobierno quiere, para estimular que sigan este tipo de acciones y derrotar a las Farc a como dé lugar, pasando por encima del código penal y de la Constitución. Estimulando una justicia favorable a los delincuentes que le rinden beneficios al gobierno, pero, al fin y al cabo, siguen siendo delincuentes.

Resulta evidente que pagar por el crimen, y pagar con los dineros del Estado colombiano, le da una gran patada a la legalidad y a la legitimidad e instituye no sólo la pena de muerte en manos de agentes de la violencia esta vez arrepentidos de las Farc (como lo hicieran los paramilitares durante décadas con miles de campesinos ante la vista gorda del régimen), sino también una "pena de muerte remunerada". Tanto como si, por una razón de conveniencia de la seguridad nacional, fuera el Estado quien le pagara a los sicarios para "limpiar" la sociedad, como además ya se ha hecho en la reciente historia colombiana. Prácticamente, sin arandelas de justificaciones judiciales, eso es lo que se está haciendo con el caso "Rojas".

Pero no sólo es grave el caso preciso de la recompensa por la muerte de Ríos: también es evidente que en Colombia, desde la primera elección de Álvaro Uribe, se ha montado una gran red de informantes para combatir a la guerrilla que actúan sin ningún control y cuyos informes justamente son asumidos sin valoración con el propósito de generar "positivos" de las Fuerzas Armadas. No son pocos los casos de detenciones y muertes de personas inocentes a manos del Estado, porque los informantes los entregaron, no pocas veces para llevar a cabo venganzas personales. Otros han actuado entregando verdaderos líderes subversivos, pero unos y otros están movidos por las leyes internas de las mafias. Los informantes "saben" porque en muchos casos son personajes que provienen de los propios grupos irregulares, son bandidos o mafiosos que viven de y en la ilegalidad. Campean en un "orden" mafioso corrompido, de oportunismo y traiciones.

Y ahora el gobierno les ofrece un ingreso adicional para que sigan incrustados en la delincuencia pero disfrutando de los millones de las recompensas. Son los que en Colombia de manera popular se llama "sapos": gente que chivatea a los que fueron sus colegas de crimen. Sapos y sicarios ahora moralmente justificados por el gobierno y utilizados en una nueva guerra irregular. Y sin contar que originalmente el objetivo de las recompensas era la delación y no el homicidio.

El debate sobre el pago a "Rojas" está abierto y los críticos del gobierno tratan de oponerse a una práctica que seguramente se volverá pan de todos los días porque, basado en sus mayorías, Uribe arrolla cualquier voz disonante e impone una guerra sin cuartel y, en este caso, sin ley. "Rojas" seguramente recibirá sus dólares contra la voluntad de buena parte del país que considera que ningún interés del gobierno e inclusive de la sociedad misma en el propósito de acabar con las Farc puede permitir la pena de muerte legalizada y pagada utilizando neo-sicarios como utilizara antes a los organismos de seguridad del Estado y los paramilitares para producir bajas del enemigo fuera de combate.

Y en el caso de "Rojas", el hecho de ser un asesino confeso es justamente lo que le permite evadir la acción de la justicia, creando el terrible precedente de matar, confesar y cobrar con la macabra amputación que aporta además el delito de vejación de cadáver. ¿Un Estado criminal? Por lo menos cómplice de los criminales y utilizando las mismas prácticas de los carteles, las mafias y aquellos que llama terroristas.

Los argumentos jurídicos para impedir el pago a "Rojas" son precisos. El ex magistrado y presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, ha dicho: "El artículo 11 de nuestra Constitución Política establece de modo terminante: 'el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte'. Y si el propio Estado ha renunciado a imponerla, es lógicamente inadmisible que pueda delegar en un particular la facultad de aplicarla impunemente y sin fórmula de juicio. Ese mandato no admite interpretaciones laxas o excepciones casuísticas por parte de quien debe ser precisamente su garante, puesto que, es obvio, no pueden argüirse 'razones de Estado' contra la razón de ser del Estado".

Y agrega: "en un Estado de derecho, todo objetivo político y toda acción estatal, por legítimos o justificados que parezcan, tienen un límite, que es el orden jurídico, cuyos valores presuponen la renuncia definitiva del gobernante a guiar su conducta por el principio "el fin justifica los medios". El repudio a ese postulado maquiavélico es un mínimo ético de toda sociedad decente y democráticamente organizada".

Y a esto hay que sumar que mal puede el gobierno simultáneamente sancionar el homicidio (si lo hace) y premiar al homicida. Es la misma conducta delincuencial presuntamente castigada y premiada, en franca contradicción con la ley y la más evidente lógica.

Del lado uribista, juristas como el ex Procurador Jaime Bernal justifican las ejecuciones y los pagos, arguyendo que en "en épocas de anormalidad no puede hacerse una aplicación tradicional del Derecho". Tanto como decir que en la guerra no operan los derechos, ni siquiera las reglas asumidas ecuménicamente en torno a las confrontaciones entre Estados o en los conflictos internos. A ese paso los crímenes de guerra estarían justificados y los nazis habrán sido exonerados en Nuremberg.

Pero Uribe todo lo puede, hasta legalizar la pena de muerte soterrada y más cuando las encuestas le dan una favorabilidad del 84%. E insisto: ¿qué será de Colombia cuando la favorabilidad del Presidente llegue al 116% o al 214%? ¿Habrá que entender que en las encuestas se ha consultado a los electores de George W. Bush? ¿Y del lado de las Farc? Es tan solo el natural resultado de su descomposición y "lumpenización". Cría cuervos. Llena de malandrines, hampones, cocaína y sicarios tus filas. Y te sacarán los ojos.

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