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Reuters
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso para discutir las retenciones.
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Oscar Raúl Cardoso
Buenos Aires, Argentina
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio este martes 17 -con apenas una frase: "Envío un proyecto de ley al Congreso"- un paso significativo para detener un conflicto de casi cien días de duración que está lesionando seriamente la tranquilidad de la sociedad, que golpea con dureza a la economía -los economistas dicen que costará al menos dos puntos del crecimiento previsto para este año- y que había reinstalado en el imaginario colectivo el fantasma de la crisis del 2001 que hizo abortar con apenas dos años cumplidos de su mandato el gobierno de Fernando de la Rúa.
Aun falta ver si es concesión suficiente para la contraparte -las cuatro organizaciones rurales más importantes del país- que la presidenta haya enviado al Congreso el sistema de retenciones móviles que impuso a comienzos de marzo pasado en uso de sus facultades legales. Los principales dirigentes hasta ahora han decidido sólo reunirse este miércoles para estudiar "el anuncio del Gobierno" y no levantar las medidas de fuerza vigentes hasta la medianoche de ese día.
La decisión fue una sorpresa. El lunes 16 el vicepresidente Julio César Cobos -hombre que pertenece al sector de la Unión Cívica Radical que decidió aliarse con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner- hizo circular una carta pública ofreciendo al Senado, que preside por atribución constitucional, como ámbito para una negociación que pusiera fin al litigio. La primera especulación es que Cobos estaba tomando distancia política de la presidenta, y hasta se especuló con su renuncia. Sin embargo, un día después Fernández marcó una senda muy cercana a la sugerencia de Cobos.
En cualquier caso le será difícil a la dirigencia del sector justificar la continuidad de su modo de protesta después que el Gobierno concediera algo que ellos mismos han venido reclamando -el debate legislativo de las medidas- y por la situación de desabastecimiento producida por los cortes de rutas nacionales y provinciales -hasta medio centenar a un mismo tiempo-, que se ha vuelto una amenaza concreta sobre todo en el interior del país.
Las así llamadas "retenciones" son aplicadas con herramienta del código aduanero según el Gobierno, pero son calificadas como "impuestos confiscatorios" por los productores. Si, por ejemplo, la justicia determinara que esas retenciones son en verdad impuestos, entonces se convertirían en inconstitucionales porque sólo el Congreso tiene facultades para crear nuevas imposiciones fiscales.
Hasta marzo de este año las retenciones a la soja eran del 35%, y aunque quienes la pagaban insistían regularmente en reclamar su eliminación -o al menos reducción- no fueron motivo de conflicto serio. Pero entonces el Gobierno de Fernández instaló un sistema móvil adicional en el cual las retenciones quedaban atadas a la evolución del valor internacional de la soja, que ha crecido casi un 100% en el último año. Actualmente se ubica en el mercado de Chicago -que sirve de medida a todos los mercados cerealeros del mundo- en unos 563 dólares la tonelada métrica.
En un acto para conmemorar a las víctimas de los bombardeos de militares insurgentes en 1955 -el prólogo del golpe que destituyó a Juan Domingo Perón-, la presidenta Fernández llamó una vez más a los ruralistas a levantar cortes de ruta y paros y con su decisión de recurrir al poder legislativo esquivó aquello que ha venido resistiendo: eliminar la medida, suspender su aplicación por un tiempo para facilitar el diálogo y negociar con los representantes rurales mientras sigan llevando adelante medidas de fuerza. Durante los cien días de conmoción hubo una tregua de un mes y varios intentos de negociar, pero todos culminaron en fracaso porque la presidenta no quiso perder ni la sombra de su autoridad y porque los ruralistas pretendían la eliminación de las retenciones en forma previa a cualquier negociación.
El conflicto hace tiempo que dejó de ser sólo rural y económico y por eso cuesta entenderlo para quien no conoce el laberinto de la política argentina. En el se mezclan el disgusto diferido de muchos por el triunfo electoral de Cristina del 2007 (ganó por el 45% de los votos), un incipiente debate sobre la distribución del ingreso y hasta la acción de grupos ligados a la antigua dictadura militar (1976-1983) heridos por la política de derechos humanos de ambos gobiernos de los Kirchner y por la reinstalación de causas judiciales contra antiguos miembros de las fuerzas armadas acusados por delitos de lesa humanidad en aquel período.
El propio antecesor de Cristina Fernández, su marido Néstor Kirchner, reiteró hoy antes del discurso presidencial la convocatoria a un acto especial que se celebrará hoy miércoles 18 de junio frente a la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo. Kirchner es ahora titular del Partido Justicialista, numéricamente el más importante del país y principal sostén del Gobierno.
Esa convocatoria ha sido duramente cuestionada por la oposición, que argumenta que no contribuye a pacificar. Desde el viernes pasado el potencial de confrontación venía creciendo sin solución de continuidad, y el lunes 16 culminó con manifestaciones de protesta -los tradicionales "cacerolazos"- en las grandes ciudades de la Argentina, incluyendo la Capital Federal. Aunque Néstor Kirchner restó importancia a los rumores sobre un colapso institucional, dijo que el acto de este miércoles era "para defender la democracia" y sí atribuyó a algunos sectores y a los medios de comunicación -entre ellos, los principales diarios, Clarín y La Nación- practicas "desestabilizadoras".
Aun con los datos básicos es difícil entender las razones de esta prolongada disputa que parece, sin otra explicación más sustantiva, un nuevo chapuzón en el caos que los argentinos han decidido darse. Por eso fueron comunes en los últimos días las versiones sobre una repetición de la crisis que se llevó consigo a Fernando de la Rúa, que había sido elegido por más del 50% del voto popular. Pero ésta no es aquella Argentina. Su economía ha crecido cada uno de los pasados seis años -el ciclo favorable más largo que ostenta el país en su historia-, tiene más de 50.000 millones de dólares y las principales commodities que produce están alcanzando precios record.
Incluso con la aplicación de las retenciones móviles, los productores de soja pueden esperar ganar unos 15 dólares más por tonelada exportada que en diciembre del año pasado (284 dólares ganaron entonces). Lo cierto es que este festival de disputa le ha puesto viento a las alas del proceso inflacionario, probablemente haya reducido del 8% al 6% el crecimiento económico del 2007 y colocó a la Argentina en un lugar cuanto menos confuso en el contexto internacional de la crisis alimentaria internacional. El diario The Financial Times amplificó en su edición de este martes un estudio que asegura que la Argentina se encuentra muy cercana a un default de deuda soberana como el de comienzos de esta década.
El envío de la cuestión de las retenciones al Congreso -donde puede ser rechazada o convertida en ley de la nación- no es el final del problema, sino apenas el inicio de una nueva etapa.
» Hable con Oscar Raúl Cardoso
Terra Magazine