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AFP
Un stencil a favor de la autonomía muestra un mapa de las cinco provincias que la promueven: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
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Oscar Raúl Cardoso
Buenos Aires, Argentina
El referéndum sobre un estatuto autonómico que el Departamento boliviano de Santa Cruz celebrará este domingo 4 de mayo es un engendro institucional cuestionado por la legalidad y por la política. Pero, así y todo, si los organizadores de la consulta pueden exhibir un buen resultado -aspiran a un 80% de concurrencia a las urnas de los más de nueve millones de votantes habilitados y un respaldo del 80% del voto emitido-, le habrán propinado un serio y doloroso golpe político al gobierno de Evo Morales.
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Los analistas con mayor grado de pesimismo especulan también con la posibilidad de que el mismo proceso se abra en al menos otros tres departamentos del oriente del país (Pando, Beni y Tarija) y conduzca finalmente a un intento de secesión que dejaría dividida la actual geografía política de Bolivia. La Organización de Estados Americanos (OEA), que ha estado ensayando hasta ahora una poco exitosa mediación entre el Gobierno central de Morales y los santacruceños levantiscos, advirtió en las últimas horas que el de la secesión de los estados orientales es "un riesgo real" para el país.
El debate boliviano sobre esta cuestión, como sucede siempre y en todo lugar con los temas trascendentes, está distorsionado. Si uno se atiene al relato de los promotores del referéndum, éste no es otra cosa que la reacción de un territorio rico y orgulloso ante un sistema de organización asfixiante por su centralismo. Esto último es cierto, y hasta el propio Morales reconoce que la vida de esa forma institucional se ha extendido más allá de su utilidad. Pero estas son apenas excusas. En el fondo de la puja hay motivos económicos, políticos y hasta raciales, para demandar autonomía de un modo en que no importa demasiado la continuidad de la nación boliviana.
El oriente boliviano posee el grueso de las riquezas naturales del país en lo agropecuario, pero también en petróleo y gas natural. Solo Santa Cruz contribuye casi el 38% de los impuestos al fisco nacional. Desde la nacionalización parcial de petróleo producida por Morales el 1º de Mayo del 2006, el dinero que recauda el estado del petróleo ha pasado de 300 millones de dólares anuales a lo que se espera serán este año algo más de 2000 millones de la misma moneda.
Morales completó en este segundo aniversario aquella primera medida estatizando -mediante la compra de acciones- el control del capital de Repsol-YPF, que ahora será controlada desde la revitalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sigue negociando con otros grupos, como British Petroleum, para adquirir las sucursales que operan en el país.
Hay muchas razones para que los cruceños -también los de Pando, Tarija y Beni- quiersn tener la cuota del león en la asignación de esos fondos. Y, aunque lo nieguen a viva voz, también sienten profunda animadversión hacia el modo en que Morales está dispuesto a dirigir los recursos hacia las áreas de mayor pobreza en el occidente del país.
Con el 60% de la población nacional boliviana de origen indígena, los orientales creen que deben desacoplarse de vecinos costosos y poco exitosos que succionan lo que, ellos creen, es "su" dinero. Esto tiene, por cierto, una abominable base racista. Los orientales hablan de establecer un control de migraciones y de aduanas al interior de Bolivia.
El proyecto del referéndum desafía el sentido común. Hay en marcha un proceso de reforma constitucional que consagra formas de autonomía pero que también está cuestionada y debe ser negociada. Aprobar el estatuto de autonomía -que es lo que se pretende con el referéndum- supondría el imposible de consagrar una ley de menor rango sin marco constitucional. El estatuto es, en contenido, un exabrupto nacional. No busca la autonomía; si entrara en vigencia, despojaría al Gobierno nacional de medio centenar de potestades, lo que supone un intento por reducirlo a jirones. Previsiblemente, eso no sucederá. La justicia electoral boliviana ha dicho que este ejercicio no representa nada. A tal punto se ha mantenido fuera de la puja, que los organizadores del referéndum han contratado una empresa privada para realizar el recuento de votos, una decisión que quita margen de credibilidad al resultado. Aun así, un buen resultado será una herramienta poderosa en el forcejeo político. El dato que redime de la historia boliviana es que, a pesar de un pasado en el que la violencia impregnó el desarrollo nacional del país, nunca se produjo una guerra civil.
» Hable con Oscar Raúl Cardoso
Terra Magazine