Uruguay: Parlamento legaliza el aborto

EFE La ley autoriza a decidir la interrupción del embarazo por situaciones de penuria económica, razones familiares, de edad, de salud, malformaciones del feto o peligro de vida de la madre.

Jorge Barreiro
Montevideo, Uruguay

Con los votos del oficialista Frente Amplio, que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento uruguayo, se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye un artículo que legaliza, bajo determinadas circunstancias, la práctica del aborto. Hace varios meses el Senado había aprobado la misma ley con leves modificaciones en su articulado, por lo que el texto debe volver ahora a la cámara alta para compatibilizar ambos proyectos.

La ley aprobada no tiene casi precedentes en Sudamérica, donde las pocas legislaciones que autorizan la interrupción del embarazo son muy restrictivas (están reducidas a la violación y el peligro de muerte para la mujer). El texto que se acaba de aprobar en Uruguay, en cambio, autoriza a la mujer a decidir la interrupción de su embarazo "durante las 12 primeras semanas de gravidez" por situaciones de penuria económica, razones familiares, de edad, de salud, malformaciones del feto o peligro de vida de la madre, lo que en la práctica supone que bastará la mera voluntad de la mujer para recurrir a los servicios de salud públicos y decir que se desea abortar por cualquiera de las razones mencionadas y esos mismos servicios deberán interrumpir su embarazo. Esta última circunstancia convierte a la ley recién aprobada en algo más que en una simple despenalización. Se trata de una legalización en toda la regla.

Ni la amenaza del arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, de excomulgar a los legisladores que votaran a favor del proyecto de ley, ni la advertencia de que se había colocado una bomba en el recinto parlamentario ni la espada de Damocles de un veto del presidente a la ley, autorizado por la Constitución, amilanaron a los diputados de la izquierda. Por un voto (49 contra 48) aprobaron la ley el mismo día que los estadounidenses elegían a Barack Obama presidente.

A pesar que ambas cámaras del Parlamento aprobaron la legalización del aborto, a la ley le aguardan muchas etapas para entrar en vigor. Entre ellas, la posibilidad de que en lugar de promulgarla, el presidente, Tabaré Vázquez la vete, como ha anunciado en más de una oportunidad. Esa posibilidad explica que muchos legisladores del propio Frente Amplio postergaran su abordaje en la Cámara de Diputados, a pesar de que la misma ya hacía meses que estaba aprobada por el Senado. Algunos de ellos lo dijeron sin ambages: aprobar la legalización del aborto cuando el presidente anunció que la vetaría, supondría crear un enfrentamiento entre el gobierno y los parlamentarios de su propio partido, lo que algunos juzgaron inconveniente a un año de las elecciones.

Los más obsecuentes con el mandatario alegaron que había que ahorrarle a Vázquez el mal trago de interponer un veto, una iniciativa que, aunque perfectamente constitucional, evoca en Uruguay un pasado autoritario, el de la presidencia de Jorge Pacheco Areco a fines de los 60 y principios de los 70, quien recurrió sistemáticamente a esa medida para desconocer decisiones del Parlamento. Si la amenaza presidencial llegara a consumarse, la legalización del aborto deberá esperar a una nueva legislatura (siempre y cuando vuelva a ganar la izquierda) porque para levantar un veto presidencial, eventualidad también contemplada en la Constitución, se necesitan dos tercios de los votos de ambas cámaras, un número que la izquierda no reúne por sí sola. De modo que dependería del voto de los partidos de la oposición conservadora, que naturalmente no se los prestará. Por lo tanto, con el veto en ciernes se produciría un escenario inédito: el presidente apoyado por la oposición y enfrentado a los legisladores de su propio partido.

Finalmente, no hubo amenazas eclesiásticas ni presiones desde el gobierno que torcieran la voluntad de la mayoría de los diputados. Con toda seguridad, la demanda de organizaciones de la sociedad civil (en primer lugar de grupos feministas) y la convicción, avalada por varios sondeos de opinión, de que la mayoría de la sociedad es favorable a la legalización de la interrupción del embarazo, no fueron ajenas a la decisión que tomaron los legisladores.

Lo llamativo de la amenaza del presidente es que pretende fundarla en sus personales convicciones morales y en su condición de médico. Esta última es una pretensión totalmente pueril, dado que para el tema que nos ocupa no es demasiado diferente a sostener que se está en contra de la legalización del aborto porque se es seguidor de Peñarol, amante de la música clásica o aficionado a la pesca fluvial. ¡Cómo si no pudiera haber médicos partidarios de legalizar el aborto!

Dediquémosle, pues, unos párrafos a las inciertas convicciones morales que le impedirían promulgar la ley que legaliza el aborto.

La sociedad moderna es una sociedad moralmente plural. A diferencia de lo que ocurría en las sociedades premodernas, o en las actuales teocracias islámicas, el Estado no prescribe comportamientos morales o religiosos a los ciudadanos ni exige que sigan determinadas pautas de comportamiento. Los egoístas o los envidiosos, por ejemplo, pueden gozar de mala prensa entre sus vecinos y amigos, pero en una sociedad democrática no van a parar a la cárcel, porque las leyes no están para castigar a los que se apartan del camino recto, sino para proteger derechos. Las creencias morales son asunto del individuo, no del ciudadano. Se dice que la controversia sobre el aborto es un asunto de morales y convicciones contrapuestas como si con eso se la zanjara definitivamente.

Pero en este caso no estamos frente al desafío de tener que optar entre morales contrapuestas, sino frente a un asunto eminentemente político, es decir a la necesidad de elegir "y este es el centro de la cuestión" qué criterios deben regir las relaciones entre normas morales particulares y normas legales. Es decir, un asunto del mayor alcance político. De qué respuesta se dé a ese problema dependerá, en parte, qué tipo de democracia tendremos. Cuando Tabaré Vázquez afirma que vetará una ley de legalización del aborto porque sus convicciones morales así se lo indican, no sólo está manteniendo una prohibición absurda; también está haciendo gala de una determinada concepción política, aquella que sostiene que es lícito imponer una moral a los ciudadanos. Una concepción que se parece demasiado a la de los ayatolás y los frailes.

¿Cuál sería, pues, la ley más justa en relación con el aborto en una sociedad laica que no acepta los imperativos morales de la iglesia católica, que, digámoslo ya y sin eufemismos, son los que asoman la cabeza detrás de la prohibición? La ley más justa en este asunto será la que mejor preserve la pluralidad de principios morales que existen en la sociedad. Y esa no es otra, mal que les pese a las almas piadosas, que la legalización del aborto. Por una razón muy sencilla: la legalización del aborto no violenta las convicciones religiosas y morales de quienes creen que el aborto es algo inaceptable. Ninguna mujer será obligada a abortar si va en contra de sus convicciones. La prohibición, en cambio, y aquí reside la gran diferencia, sí impide a aquellas mujeres que no comparten esos criterios morales a interrumpir un embarazo no deseado.