|
EFE
Una simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos ofrece unas flores a efectivos de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca, terminadas las revueltas que comenzaron el 14 de junio de 2006.
|
Rosalía Vergara
Distrito Federal, México
Oaxaca es uno de los estados más pobres de México. Está ubicado al sur del país, en el suroeste del Istmo de Tehuantepec. Allí la pobreza huele en la tierra y conviven 16 etnias indígenas -la mixteca y la zapoteca, entre otras-. Está conformado por 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por los usos y costumbres: las autoridades toman decisiones a través de lo que resuelve una asamblea popular, sin tomar en cuenta el tradicional sistema de partidos políticos.
En el año 2006 se registró en Oaxaca un movimiento social de enormes magnitudes. Un problema magisterial derivado de la huelga anual de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se convirtió en un conflicto que puso en jaque al país durante el último año de gobierno de Vicente Fox. La historia comenzó con la decisión del gobernador del centrista Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ulises Ruiz, de terminar con el problema magisterial usando la fuerza pública. El 14 de junio de 2006 envió a dos mil policías estatales a reprimir a los maestros, ya que antes de asumir se había comprometido a impedir manifestaciones y plantones en la ciudad de Oaxaca, considerada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La medida resultó contraproducente. El pueblo oaxaqueño se unió en defensa de los 7 mil maestros que conviven en la entidad, dado que casi todas las familias tienen un miembro dedicado a la docencia. El conflicto escaló y con la participación ciudadana se creó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con una sola demanda: la renuncia de Ulises Ruiz al gobierno.
Vicente Fox minimizó la lucha de la APPO y dejó que el gobierno estatal solucionara el problema; sin embargo, pasaron siete meses sin que se resolviera. Por el contrario, surgieron grupos paramilitares que atentaron con armas de fuego contra miembros de esta agrupación popular. Se reportaron 27 asesinatos, entre ellos el del reportero estadounidense Brad Will, que murió durante un enfrentamiento a balazos entre paramilitares y la APPO.
La gravedad de la situación en Oaxaca orilló a Fox a enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) y al Ejército a "controlar" la ciudad de la Antequera verde. Dos años después, los problemas en Oaxaca continúan y las demandas de la APPO siguen vigentes, pues exigen castigo a los responsables del asesinato de los activistas de su organización, así como la liberación de presos políticos y de conciencia.
El pasado 16 de junio, el senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex presidente Vicente Fox y el gobernador de la entidad Ulises Ruiz por "genocidio y desaparición forzada de personas". En la querella, de siete cuartillas, responsabiliza al ex presidente y al actual mandatario oaxaqueño por la muerte de 26 activistas y por la detención y tortura de 366 y de los 200 heridos que dejó como saldo la entrada de la policía al estado.
Hace un mes, en México se creyó que se reeditaba el conflicto oaxaqueño. De nueva cuenta, la sección 22 del SNTE realizó su movimiento en demanda de revisión salarial con el gobierno del estado. Se volvieron a plantar en el zócalo oaxaqueño y paralizaron las escuelas, dejando sin clases a miles de estudiantes. Pero finalmente el sindicato llegó a un acuerdo con las autoridades y todo se calmó.
No obstante, en entrevista con Terra Magazine, Florentino López Martínez, vocero de la APPO, afirmó que el movimiento sigue vigente porque el gobierno se mantiene en la misma lógica represiva con la que actuó en 2006. "Los problemas más graves se han dado en Santa Cruz Zensontepec, Santo Domingo Ixcatlán, Eloxochixtlan, Santa María Temaxcaltepec y Lachingoló, entre otros municipios", resaltó López Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). También denunció que la represión continúa "con la misma intensidad" y que siguen presos tres miembros de la APPO: Adán Mejía, Víctor Hugo Martínez Toledo y Miguel Angel García.
"Aparte de ellos, permanecen en diversas cárceles del estado cerca de 40 presos políticos. En tan solo un año se reportaron cinco desapariciones forzadas. El hostigamiento a luchadores sociales, a dirigentes de organizaciones sociales y de la APPO es cotidiano, y permanecen vigentes las órdenes de aprehensión en su contra", resaltó.
Algunos miembros de la APPO, como la maestra Carmen López, la doctora Bertha Elena Muñoz, Aline Castellanos, Jacqueline López, Samuel Hernández y Alejandro Cruz, integrantes de organizaciones sociales, están exiliados, amenazados de muerte o con órdenes de aprehensión en su contra. "En dos años han sido detenidos injustificadamente centenares de compañeros, mientras que los asesinos de 27 compañeros acribillados en 2006 siguen libres, a pesar de las demandas formales en su contra", explicó. Con todo esto, "sigue vigente la demanda de la renuncia de Ulises Ruiz al gobierno estatal", remató.
Por eso, López Martínez sostuvo que el movimiento social oaxaqueño está en etapa de "reorganización y aglutinamiento de fuerzas". Adelantó que los próximos días 15 y 16 de noviembre se realizará el Segundo Congreso Estatal Ordinario de la APPO y se reorganizarán las asambleas de base, además de constituirse asambleas municipales y regionales. Como acto para reivindicar la lucha de la APPO, preparan "boicotear" la fiesta de la Guelaguetza -las fiestas de los lunes del Cerro-, el evento cultural más importante del estado, reconocido incluso a nivel internacional. Se trata de un espectáculo de danza y música protagonizado por grupos de las siete regiones indígenas tradicionales del estado -Los Valles Centrales, la Sierra Juárez, La Cañada, Tuxtepec, La Mixteca, La Costa y el Istmo de Tehuantepec- que se realizará, este año, el 30 de julio.
Terra Magazine