Aprueban ley que obliga a cooperar con los servicios secretos

AFP Hugo Chávez sostiene una miniatura de la Consitutción de Venezuela durante las elecciones primarias del Partido Socialista Unido, el 1 de Julio último.

Juan Francisco Alonso
Caracas, Venezuela

Todas las personas, empresas u organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, de ahora en adelante están obligadas a "cooperar" con los servicios secretos venezolanos. Y quienes osen negarse estarán "atentando contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación", por lo que podrían terminar pasando hasta seis años tras las rejas.

El mandato está contenido en la recién promulgada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia que el presidente Hugo Chávez dictó a finales de marzo, haciendo uso de los poderes especiales que la Asamblea Nacional le otorgó a principios de 2007 para legislar en distintos ámbitos.

El instrumento, que contiene 29 artículos y 2 disposiciones transitorias, establece además que todas las personas o instituciones que contribuyan con los organismos encubiertos gozarán de "confidencialidad". Sin embargo, lo que más polémica ha generado son los contenidos de los artículos 20 y 21. En el primero se autoriza a los cuerpos de inteligencia a practicar las diligencias (allanamientos, escuchas telefónicas, etc.) necesarias para desarticular cualquier amenaza contra el país sin necesidad de orden judicial o fiscal, siempre y cuando "resulte inminente la comisión de un delito".

Entretanto, el artículo 21 autoriza a los funcionarios de inteligencia a mantener en secreto cualquier elemento probatorio, "procediéndose a su incorporación sobrevenida en la fase procesal oportuna y correspondiente, garantizando siempre el derecho a la defensa".

Un salto de 500 años atrás

La magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, en declaraciones a Terra Magazine no dudó en calificar la ley de "horrorosa", pues "viola el derecho a la defensa y el control de la prueba que están establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal". Asimismo, denunció que el texto supone el fin del sistema acusatorio vigente en Venezuela, en el que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y el regreso al inquisitivo, donde todos eran culpables y tenían que probar su inocencia.

Los señalamientos de la miembro del máximo juzgado fueron respaldados por el catedrático en derecho penal Fernando Fernández, quien no obstante aseveró a Terra Magazine que el retroceso que implica el instrumento es peor. "Regresamos a 1492, cuando el rey Fernando el Católico estableció la Inquisición. Con esta ley se permite la denuncia anónima, pero en la democracia la denuncia tiene nombre y apellido, pues la persona implicada tiene derecho a saber de qué se la acusa y quién lo hace, para así defenderse", agregó.

El experto cuestionó que la ley no prevea ningún tipo de control a los organismos de inteligencia. "Todos los países tienen leyes de este tipo, pero en todos los países hay algún tipo de control, bien sea judicial, parlamentario y sobretodo fiscal; el fiscal del Ministerio Público es quien debe asegurarse que las pruebas y evidencias que se recaben para demostrar la implicación de una persona en un hecho delictivo se obtengan de manera correcta y que no sean manipuladas o alteradas con el propósito de implicar a una persona determinada", añadió.

El gobierno rechaza cuestionamientos

El ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, desestimó las críticas al texto y negó que éste vaya a facilitar abusos o a transformar a la sociedad venezolana en un "montón de soplones". Justificó la obligación de "cooperar" con los servicios secretos, alegando que "usted mira un delito cometido y, si no colabora y no lo denuncia, es un cómplice. Eso ya está en las leyes vigentes. Igualmente, usted ve a unas personas que están planificando un delito horroroso, un magnicidio o están metiendo paramilitares en Venezuela, o están vendiendo secretos de Estado a extranjeros, causando un perjuicio a la seguridad y desarrollo de nuestro país y no lo denuncia, entonces es un cómplice".

Rodríguez Chacín rechazó que el artículo que permite a los funcionarios de inteligencia practicar diligencias sin orden judicial suponga una violación al debido proceso. "Cuando hay una flagrancia, se buscan testigos y eso está establecido en la ley. Usted va a hacer un allanamiento y presiente que allí va a encontrar evidencias delicadas, entonces busca unos testigos que no tengan que ver con la autoridad ni con los indiciados en el caso y practica el allanamiento. Ahora, si no hay testigos y no se da oportunidad para evitar el delito, se evidencia el delito y luego, con un acto motivado, un técnico especialista en inteligencia lo puede incorporar como una prueba técnica, pero el imputado siempre lo podrá controvertir", agregó.

Las afirmaciones del ministro, no obstante, contradicen lo sostenido por el presidente Chávez, quien hace ocho años, cuando vetó una Ley de Inteligencia, pese a que en ella ni se permitía a los organismos encubiertos realizar operaciones sin autorización previa de un juez o un fiscal y muchos menos daba luz verde para iniciar procesos con denuncias anónimas.

El mandatario, en recientes declaraciones, ha restado importancia a los cuestionamientos al texto y ha acusado a quienes la han criticado, calificándolos de "golpistas y conspiradores". En el año 2000, uno de los argumentos para no refrendar la proyecto anterior fue precisamente el de las objeciones de distintos sectores y colectivos.

"Esta decisión (el veto) obedece no sólo a las observaciones formuladas por los miembros del Gabinete Ejecutivo, sino también al hecho de haberse oído las recomendaciones formuladas por las fuerzas vivas de la nación a través de opiniones periodísticas y entrevistas personales", agregó Chávez en el escrito que envió al Parlamento en esa ocasión.

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