Álvaro Uribe: Justicia de bolsillo en un país de bolsillo

Cortesía La reforma es justificada de manera cínica por su ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia cuando afirma que lo que se trata es de "lograr la independencia de la rama judicial", dice Morales.

Antonio Morales Riveira
Bogotá, Colombia

Si a alguien le quedaban dudas de que el presidente de Colombia anda transitando los caminos de la inconstitucionalidad y acumulando poderes pre-dictatoriales, con la reforma a la justicia presentada por su ministro del ramo, la cosas quedan claras: ¡todo el poder para Uribe!

Es esta una versión de la acumulación de los soviets, pero ahora dentro de una derecha que bordea el extremismo y que plantea la total desinstitucionalización del país, con visos alarmantes de totalitarismo en medio de una denegación del principio democrático de la autonomía y la separación de los poderes. Todo ello basado en la aplicación de una dictadura de mayorías, en vista de que Uribe dice tener a su lado el 84% de la opinión nacional, según sus encuestadores, también de bolsillo.

Uribe trata a como dé lugar de quitarle el poder a los grandes tribunales, convertir la rama judicial en una dependencia de la Presidencia, "clientelizarla" a su amaño y en beneficio de los partidos de su coalición. Todo ello justificado de manera cínica por su ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia cuando afirma que lo que se trata es de "lograr la independencia de la rama judicial".

La reforma a la justicia que será presentada al Congreso de mayoría uribistas -y cuyo 25% (en su totalidad uribista) está en cárcel o investigado por paramilitarismo- según los cálculos del gobierno debería ser aprobada en julio del 2009.

Desde luego el primer punto destacable de la reforma, es el que favorece a esos congresistas de Uribe que aparentemente participaron en la ordalía de sangre de los para militares (cerca de 90.000 asesinatos de campesinos). El gobierno pretende que la hasta hoy independiente Corte Suprema de Justicia no juzgue más a los presuntos criminales del Congreso, sino que lo hagan tribunales de segundo plano, manipulables, politizados y sobre todo nada neutrales ante la avanzada de cooptación general de la justicia por parte del régimen.

La corte perdería sus facultades de juez natural de los congresistas, pues además se separarían las funciones de investigación de las de juzgamiento. Todo perfecto para Uribe y sus amigos encarcelados o por encarcelar: la investigación la haría la Fiscalía General de las Nación (Mario Iguarán, el Fiscal, es cuota directa de Uribe en la justicia y en la reforma queda implícito el aumento de su período de cuatro a ocho años) y el juzgamiento el Tribunal Superior de Bogotá. A la Corte Suprema solo le quedaría ocuparse de las apelaciones.

Y como el juzgamiento implica para los congresistas la pérdida de su investidura, cuya decisión le compete al Consejo de Estado, pues Uribe quiere que lo decida otra instancia, el Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca, de mucho menos solvencia jurídica que el Consejo de Estado. Pero como en Colombia se han visto decenas de casos de congresistas y políticos encarcelados por crímenes de paramilitarismo, o bien por otros delitos de corrupción y hasta asesinato, a lo que más le temen estos politiqueros de oficio es no volver al Congreso, aun saliendo de la cárcel. Y justamente en eso consiste la pérdida de la investidura hasta hoy practicada, es decir la total "muerte política". Ni más faltaba. Según la reforma judicial estos caballeros tendrían el derecho de regresar a nutrir de nuevo las huestes uribistas y a votar en el Congreso favorablemente, si es del caso, esta u otra nueva reforma judicial, política o constitucional, a la medida del bolsillo de Álvaro Uribe.

Con razón el senador liberal Juan Fernando Cristo solo atina a comentar: "Es absurdo que el gobierno pretenda reformar la justicia cuando funciona bien". Pero ni tan absurdo cuando en el fondo su estrategia es que para en el caso de sus amigos, la justicia precisamente no funcione. Para Gustavo Petro, senador de oposición del Polo Democrático Alternativo, la reforma es: "una retaliación contra la Corte y un salvamento a congresistas amigos del Gobierno". Pero habría que agregar que igualmente es un paso más en el camino de la dictadura civil.

Pero la bochornosa cosa no para ahí. Otra instancia de control, la del Procurador General de la Nación, tampoco podría meterse con los congresistas sub júdice., porque según Valencia, es el Congreso quien elige al Procurador y mal éste podría juzgar a sus electores. Edgardo Maya, jefe de este ministerio público, ha sido medianamente beligerante para que se haga justicia y se condene a los para-congresistas. Y para que no quede cabo suelto, el gobierno propone que el procurador hasta hoy elegido entre una terna enviada por las cortes y el presidente, se le elija de una terna, enviada en su totalidad -adivínalo adivinador- por el Presidente Uribe.

Si, lo están entendiendo bien. Todo el poder para él y para la impunidad.

De otro lado, la única gran corte afecta al presidente es la Constitucional. La reforma plantea que de ahora en adelante esa corte se renueve por cooptación, es decir que los uribistas elijan a sus sucesores uribistas. ¡Como para que no quede ningún desorden democrático o institucional, ninguna rueda libre suelta! Y todo en medio de la nueva figura del "clientelismo judicial".

Para no pocos juristas todo este tejemaneje conduciría a que todas las investigaciones por parapolítica se caerían de su propio peso y que ese horrendo fenómeno, en virtud del cual buena parte de la clase política de derecha fue y sigue siendo cómplice del paramilitarismo, simplemente se disolvería judicialmente en las más descarada impunidad.

El corolario es evidente: a la reforma judicial se le debe agregar una reforma constitucional que permita la reelección de Uribe por segunda vez. Y en eso ya andan desde hace rato recogiendo firmas para un referendo los partidos de Uribe. De este modo el presidente velaría por la impunidad hasta el 2014.

¿O por qué no hasta el 2018? Y si se solucionara el desagradable problema de la intermediación democrática, ¿por qué no hasta el final del reinado? Claro que en medio de todo este relajo, sería bueno que el presidente Uribe se decidiera: ¿Dictador o Monarca?