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"Le cabe al gobierno apretar la fiscalización y al Legislativo tornar más rigurosa la punición para quienes procuran explotar a sus iguales de manera tan degradante", dice Marina Silva.
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Marina Silva
Brasilia, Brasil
El domingo, en conmemoración al Día Mundial en Memoria al Tráfico de Esclavos y su Abolición, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) lanzó el libro Trabajo Forzado: Coerción y Explotación en la Economía Privada (Forced Labor: Coercion and Explotation in the Private Economy).
La fecha es celebrada en memoria de la insurrección iniciada en la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, en el Caribe, que tuvo papel decisivo en la abolición del tráfico transatlántico de esclavos.
El libro analiza las formas modernas de esclavitud en América Latina, sur de Asia, África y Europa. Según la OIT, más de 12 millones de personas en el del mundo están bajo coerción al trabajo forzado, en esclavitud o en situación similar.
En Brasil, apenas en 2008 fueron liberados casi 4 mil trabajadores. Aquí, el trabajo degradante, análogo al de esclavo, continúa directamente relacionado a la pecuaria y al desmatamiento ilegales, como demuestra el estudio: La mano de obra esclava continua siendo utilizada en el país para desmatar la Amazonia, preparar la tierra para el ganado y en actividades conectadas a la agricultura en áreas rurales (A mão-de-obra escrava continua sendo usada no país para desmatar a Amazônia, preparar a terra para a criação do gado e em atividades ligadas a agricultura em áreas rurais).
Partiendo de datos y estadísticas del gobierno y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el estudio demuestra que las víctimas son reclutadas en regiones muy pobres en los Estados de Tocantins, Maranhão, Pará, Bahía y Piauí, atraídas por promesas de empleo. Ellas son, entonces, llevadas a regiones aisladas, en medio a la foresta, de donde difícilmente logran salir.
Tuvimos muchos avances en la lucha contra el trabajo esclavo. Esfuerzo reconocido por la propia OIT, como el Plan Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, lanzado por el gobierno Lula el 2003 y que este mes tuvo lanzada su segunda edición, con nuevos objetivos y metas. Pero la impunidad sigue siendo un impedimento para la erradicación del problema.
Falta aún que el Legislativo haga su parte y aprobar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 438/2001, que prevé la confiscación de tierras donde el trabajo esclavo es utilizado. El proyecto, aprobado en el Senado, aguarda votación en segundo turno en el Plenario de la Cámara de Diputados.
En el Senado, relaté, en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), el proyecto (PLS 487/03) del senador Paulo Paim (PT-RS) que impide a las empresas, que directa o indirectamente utilizan el trabajo esclavo, la recepción de incentivos fiscales, financiamiento y contratos públicos.
De acuerdo con la proposición, empresas que quieran candidatearse a las licitaciones o a los financiamientos públicos deberán presentar el certificado de regularización del Ministerio del Trabajo y Empleo, para comprobar que no hay trabajo esclavo en sus actividades o en las de sus proveedores.
Son iniciativas así que ayudarán a cerrar el cerco a esa práctica inaceptable. Un país que tiene todo para ser uno de los principales líderes mundiales, en pleno siglo 21, no puede permitir que sus productos lleven el sello de la existencia de esclavitud.
Le cabe al gobierno apretar la fiscalización y al Legislativo tornar más rigurosa la punición para quienes, insultando la dignidad humana, procuran explotar a sus iguales de manera tan degradante, una verdadera afronta a la sociedad.
Terra Magazine