El grito de los pueblos de la selva

AP Indígenas gritan consignas contra el gobierno durante una protesta en favor de los pueblos amazónicos en Lima.

Marina Silva
Brasilia, Brasil

El conflicto entre indígenas y el gobierno del presidente de Perú, Alan García, una vez más puso a la Amazonía en evidencia a los ojos del mundo. No como una de las regiones más fascinantes y vitales para el planeta, sino como un lugar triste en donde la violencia todavía ocupa espacios que tendrían que haber sido ocupados por procesos pacíficos de negociación y que busca un modelo de desarrollo que permita el respeto y la calidad de vida para todos.

La movilización de los indígenas, que interrumpieron carreteras y ocuparon las instalaciones de compañías petroleras, fue una respuesta a una serie de medidas del gobierno peruano. Las comunidades indígenas denunciaban que se está "arrendando" aproximadamente el 70% del territorio de la Amazonía peruana para la explotación de gas y de crudo. En pleno siglo XXI, los pueblos de la selva todavía se ven ante la necesidad de resistir y luchar porque aún no los llamaron a participar de las decisiones que cambian la legislación del país para hacer posible la explotación de crudo en sus tierras, poniendo en riesgo tanto su modo de vida como la preservación de los ecosistemas.

Reconozco la complejidad que implica evaluar lo que ocurre en otro país. Pero la movilización de los indígenas generó manifestaciones como la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exigió que se cumpla la Convención 169, de la cual Perú es signatario, respecto de los pueblos indígenas y tribales. Para ello, el gobierno tendría que oír a los pueblos indígenas sobre los proyectos de explotación en sus tierras usando mecanismos adecuados de consulta, "en un clima de confianza y respeto mutuos".

Infelizmente fue necesario más de dos meses de protestas y decenas de muertes para que el Congreso peruano reconociera el error. Fueron derogados los dos decretos más polémicos, responsables por los conflictos. Y el presidente Alan García, al fin, aceptó negociar con los indígenas todos los otros puntos del paquete de medidas. Esas medidas habían sido negociadas antes, pero no con quienes estaban más directamente interesados en sus consecuencias. Los decretos formaban parte de un ajuste en la legislación para adecuarla a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, realizado por el presidente García en 2008.

El ejemplo que nos llega del país vecino puede servirnos muy bien a nosotros, brasileños. Nosotros todavía miramos a los pueblos indígenas con la mirada arrogante del colonizador, que decide por ellos qué debe y qué no deber hacerse con relación a sus intereses y costumbres. En Brasil esos pueblos todavía no fueron adecuadamente insertados en los procesos decisorios, a pesar de algunos avances. Tenemos un largo camino para recorrer hasta la implementación de la Convención de la OIT y para que podamos hacer viables consultas previas y bien informadas a respecto de políticas públicas que afecten a las comunidades indígenas.

Primero se generan los conflictos, las situaciones dramáticas, los estorbos, situaciones en las que los pueblos indígenas se sienten huérfanos, aislados de cualquier instancia de decisión. Después, debido a la presión y a la resistencia, viene la mediación y la negociación cuando, en realidad, esas medidas tendrían que ser construidas desde el principio, como parte de la solución. Oír a los indígenas y a las comunidades tradicionales, además de ser una práctica política sana y en favor del bien y del interés de todos, es una necesidad, más aun cuando, actualmente, se piensa en desarrollo regional integrado para el conjunto de los países que comparten la riqueza de la Amazonía. La región tiene una cantidad excepcional de recursos naturales, pero también es habitada por poblaciones que dominan significativamente el conocimiento relacionado a esos recursos.

No se puede apartarlas de las negociaciones con relación a los proyectos que proponen enormes intervenciones en sus vidas con el pretexto del desarrollo económico, título bajo el cual hay un largo histórico de desastres sociales, ambientales e, irónicamente, también económicos. Eso vale para las hidroeléctricas, para la explotación mineral o de cualquier otro tipo.

Los pueblos que tienen una convivencia especial con la selva deben ser oídos, pero no sólo porque aportan para la protección al medioambiente, sino, además, en respeto a sus propios derechos y protección de su cultura, inseparables de su presencia milenaria en estos territorios. Ese respeto forma parte del verdadero desarrollo. Es un camino que no podemos abandonar, porque el otro, ese que aún persiste en nuestros enormes errores y equivocaciones, nos muestra hacia donde conduce.

Marina Silva es profesora de secundaria de Historia, senadora por el PT (Partido de los Trabajadores) de Acre y ex ministra del Medio Ambiente.